Decenas de municipios catalanes presionan para obtener ayudas públicas en la regularización de urbanizaciones. La pregunta es qué estrategia quiere seguir Corbera.
En política, a veces una imagen basta para abrir muchas preguntas.
Esta semana, decenas de municipios catalanes se han unido para pedir apoyo institucional que permita regularizar urbanizaciones sin trasladar todo el coste a los vecinos. Una reivindicación que afecta directamente a muchos municipios, pero especialmente a Corbera de Llobregat por su gran número de urbanizaciones.
La noticia, publicada por El Periódico (y que puedes consultar o descargar en PDF aquí), describe un hecho significativo que debería llamar la atención de cualquier vecino que viva en una urbanización pendiente de regularizar.
En ella aparecen decenas de alcaldes y alcaldesas de toda Catalunya reclamando a la Generalitat soluciones para un problema que afecta a miles de familias: el elevado coste de urbanizar y regularizar cientos de urbanizaciones repartidas por el territorio.
La petición es clara. Los municipios solicitan ayudas públicas y un marco legal más flexible que permita afrontar estas obras —o nuevas soluciones técnicas— sin trasladar todo el coste directamente a los vecinos.
No se trata de una cuestión menor. En muchos casos hablamos de actuaciones que pueden alcanzar cifras de decenas de miles de euros por parcela. Por eso no resulta extraño que tantos alcaldes hayan decidido hacer frente común.
Un problema que interpela directamente a Corbera
La reivindicación no es ajena a Corbera de Llobregat. Al contrario.
Durante décadas, el crecimiento residencial del municipio se ha apoyado en numerosas urbanizaciones que hoy forman parte de la realidad cotidiana de miles de vecinos y que, en muchos casos, siguen pendientes de completar su proceso de urbanización o recepción municipal.
Urbanizaciones como Santa Maria de l'Avall conocen bien este problema. Por eso la movilización de decenas de alcaldes reclamando apoyo institucional para afrontar estos costes resulta especialmente relevante para nuestro municipio.
Estrategias diferentes
Ante este escenario, muchos ayuntamientos están optando por una estrategia clara: presionar a las administraciones superiores para conseguir ayudas y marcos legales que permitan reducir el impacto económico sobre los vecinos.
La lógica es sencilla: si el problema afecta a cientos de municipios y miles de familias, la solución difícilmente puede recaer únicamente en los propietarios de cada urbanización.
Sin embargo, en Santa Maria de l'Avall el debate que se ha planteado hasta ahora ha seguido otro camino.
El proyecto presentado contemplaba una inversión cercana a los 13 millones de euros, cuyo coste recaería exclusivamente sobre los propietarios de las parcelas.
Sin mecanismos claros de financiación para los colectivos más vulnerables y sin un papel definido del consistorio en las fases de licitación o ejecución, los vecinos quedarían expuestos a asumir una deuda muy elevada y a los riesgos propios de una obra de esta magnitud.
La pregunta inevitable
Nadie discute que la regularización de urbanizaciones sea un reto complejo. Tampoco que las soluciones requieran tiempo, negociación institucional y cambios legales.
Precisamente por eso resulta inevitable preguntarse cuál es la posición que quiere adoptar Corbera.
- ¿Ha valorado el Ayuntamiento sumarse a iniciativas como la impulsada por decenas de alcaldes catalanes para reclamar ayudas públicas?
- ¿Se ha considerado presionar a las administraciones superiores para aliviar el impacto económico sobre los vecinos?
- ¿O se ha decidido apostar por un modelo en el que todo el peso de la financiación recaiga sobre los propietarios?
Un doble frente de preocupación
A esta falta de posicionamiento institucional se suma la inquietud por lo que ocurre a nivel interno.
Según comentan varios vecinos en las reuniones de seguimiento, existe preocupación porque, al parecer, no se está respetando plenamente el resultado de la última votación.
¿Se va a ejecutar lo que decidió la mayoría —estudiar alternativas viables como el caso de las biodepuradoras— o se seguirá insistiendo en un proyecto de 13 millones de euros que ya generó un rechazo evidente en la última votación?
Son preguntas legítimas. Preguntas que muchos vecinos empiezan a plantearse al observar esta movilización de alcaldes en toda Catalunya.
Porque cuando más de ochenta alcaldes se movilizan para reclamar soluciones para sus municipios, resulta inevitable preguntarse qué camino quiere seguir Corbera. Y en política, a veces, no hace falta decir demasiado.