Mientras numerosos municipios presionan para obtener financiación pública, en Santa Maria de l'Avall se planteó un proyecto de 13 millones de euros cuyo coste recaería íntegramente en los vecinos.
En toda Catalunya, cada vez más municipios reclaman ayudas públicas para afrontar la regularización de urbanizaciones sin trasladar todo el coste a los vecinos. Ante esto, la pregunta es clara: ¿qué estrategia quiere seguir Corbera?
En política, a veces una imagen basta para abrir muchas preguntas: El Periódico (descargar PDF aquí). Esta semana numerosos alcaldes catalanes han decidido hacer frente común para reclamar ayudas públicas y cambios normativos que permitan abordar uno de los grandes retos urbanísticos del país: la regularización de urbanizaciones construidas hace décadas.
El problema es bien conocido. Muchas de estas urbanizaciones necesitan hoy inversiones millonarias para completar su urbanización y poder ser finalmente recepcionadas por los ayuntamientos.
La petición de los municipios es clara: ayudas públicas y un marco legal más flexible que permita afrontar estas obras —o nuevas soluciones técnicas— sin trasladar todo el coste directamente a los propietarios.
No se trata de una cuestión menor. En muchos casos hablamos de actuaciones que pueden alcanzar decenas de miles de euros por parcela.
Un problema que interpela directamente a Corbera
Esta reivindicación no es ajena a Corbera de Llobregat. Durante décadas, el crecimiento residencial del municipio se ha apoyado en numerosas urbanizaciones que hoy forman parte de la realidad cotidiana de miles de vecinos y que, en muchos casos, siguen pendientes de completar su proceso de urbanización o recepción municipal.
Precisamente por eso el debate sobre cómo afrontar estos costes resulta especialmente relevante para el municipio.
Estrategias diferentes
Ante este escenario, muchos ayuntamientos están optando por una estrategia clara: presionar a las administraciones superiores para conseguir ayudas y marcos legales que permitan reducir el impacto económico sobre los vecinos.
La lógica es sencilla: si el problema afecta a cientos de municipios y miles de familias, la solución difícilmente puede recaer únicamente en los propietarios de cada urbanización.
Sin embargo, en Santa Maria de l'Avall el debate que se ha planteado hasta ahora ha seguido otro camino. El proyecto presentado contemplaba una inversión cercana a los 13 millones de euros, cuyo coste recaería íntegramente en los propietarios de las parcelas.
Sin mecanismos claros de financiación para los colectivos más vulnerables y sin un papel definido del consistorio en las fases de licitación o ejecución, los vecinos quedarían expuestos a asumir una deuda muy elevada y a los riesgos propios de una obra de esta magnitud.
La pregunta inevitable
Nadie discute que la regularización de urbanizaciones sea un reto complejo. Tampoco que las soluciones requieran tiempo, negociación institucional y cambios legales. Precisamente por eso resulta inevitable preguntarse cuál es la posición que quiere adoptar Corbera.
- ¿Ha valorado el Ayuntamiento sumarse a iniciativas impulsadas por otros municipios para reclamar ayudas públicas?
- ¿Se ha considerado presionar a las administraciones superiores para aliviar el impacto económico sobre los vecinos?
- ¿O se ha decidido apostar por un modelo en el que todo el peso de la financiación recaiga sobre los propietarios?
Un doble frente de preocupación
A esta falta de posicionamiento institucional se suma la inquietud por lo que ocurre a nivel interno. Según comentan varios vecinos en las reuniones de seguimiento, existe preocupación porque, al parecer, no se está respetando plenamente el resultado de la última votación.
¿Se va a ejecutar lo que decidió la mayoría —estudiar alternativas viables como el caso de las biodepuradoras— o se seguirá insistiendo en un proyecto de 13 millones que ya generó un rechazo evidente?
Son preguntas legítimas. Preguntas que muchos vecinos empiezan a plantearse al observar este debate que se está abriendo en toda Catalunya sobre cómo afrontar la regularización de las urbanizaciones.
Porque al final, cada municipio decide cómo afrontar sus propios problemas… y quién debe pagar la factura.