La respuesta es NO. Y los argumentos están en los propios documentos oficiales.
Uno de los argumentos más repetidos para impulsar el proyecto de alcantarillado es que "la ley obliga" y "no hay más remedio". Esto es falso.
El proyecto actual se está intentando aprobar sin la legitimidad de una mayoría real de propietarios y, lo que es más importante, ignorando las vías legales que la propia normativa europea y la Junta de Delegados reconocen.
La propia Directiva Europea (UE) 2024/3019, que regula el tratamiento de aguas, establece excepciones claras a la instalación de colectores (alcantarillado).
El Artículo 4, punto 1, de la ley permite usar "sistemas individuales" (como biodepuradoras) si la instalación de un colector implica un "coste excesivo". Un proyecto de 28.500€ por parcela es la definición de coste excesivo. (Ver la prueba en la Directiva →)
La propia Junta de Delegados reconoce esta vía legal en su comunicado oficial. En el documento, admiten que la ley contempla que podría existir un “coste desproporcionado respecto al beneficio” y que es posible solicitar un “informe técnico-económico que valore alternativas más eficientes”.
Ellos mismos están validando el argumento legal para exigir un análisis de alternativas más económicas. (Ver el análisis del comunicado →)
El proyecto no ha sido aprobado "voluntariamente por la mayoría de propietarios". El acta oficial de la asamblea de marzo de 2025 (donde se aprobaron las "cuotas ahorro") es la prueba:
La asistencia fue de solo un 22,14% de la representación total (solo 77 personas). Las decisiones se tomaron por la "mayoría de los asistentes", no por la mayoría de la urbanización. (Ver la prueba de la votación →)
Por lo tanto, el proyecto no solo carece de legitimidad democrática, sino que ignora las vías legales que la propia normativa y la Junta reconocen. No es una obligación, es una imposición.