¿Cómo es posible aprobar una derrama millonaria sin saber a quién podríamos inundar con aguas negras?
La confesión de ignorancia del Ayuntamiento y la Junta no solo es irresponsable: cruza la línea roja de la negligencia institucional. Cuando se gestiona dinero público —o, como en este caso, dinero privado administrado bajo tutela pública— el rigor no es un lujo: es una obligación legal y moral.
Pero en este proyecto, parece que el rigor hizo las maletas. Y se fue.
Tras analizar la memoria técnica y contrastar la información con responsables políticos, hemos descubierto un hecho gravísimo, un agujero negro en la planificación que, por sí solo, debería invalidar la aprobación del proyecto: nadie ha cuantificado cuántas viviendas bajo el colector quedarán condenadas a bombear aguas fecales de por vida.
“Igual hay alguna...”
La respuesta oficial de la regidora a una pregunta tan elemental como cuántos vecinos no podrán desaguar por gravedad fue un encogimiento de hombros administrativo.
“Algunes de les cases entre carrer 5 i 6 estan per sota...”
“Las casas”, “Algunas”.
Esto lo dicen cuando los propios vecinos han notificado afectaciones en muchas más calles: calle 3, calle 5, calle 6, calle 7, calle 9, calle 10, calle 19...
En un proyecto de más de 12 millones de euros. Esta frase podría pasar a los anales de la mala gestión pública. No estamos hablando de una tómbola escolar. Estamos hablando de una obra que endeudará a cientos de familias durante años. Que la administración que debe velar por nuestros intereses —y la empresa que ha cobrado por redactar el proyecto— no sepan cuántas familias verán modificado su sistema de saneamiento para siempre es un insulto a la inteligencia y una dejación de funciones alarmante.
Ciudadanos de primera y pagadores de segunda
No cuantificar este dato no es un descuido: es ocultar un agravio comparativo monumental. Este proyecto divide a la urbanización en dos categorías de vecinos:
Estos últimos vecinos no solo pagarán la misma derrama millonaria, sino que cargarán con una hipoteca oculta:
- Deberán instalar bombas privadas (miles de euros extra).
- Pagarán electricidad 24/7 de por vida.
- Asumirán mantenimiento mecánico recurrente.
- Cambiarán equipos cada pocos años.
- Vivirán expuestos a riesgos sanitarios permanentes.
La trampa de la gravedad
La memoria técnica pasa de puntillas por este punto, pero la física no perdona. Si tu casa está por debajo del colector, toda la presión de la red general se dirige hacia ti.
Basta un corte eléctrico, una avería de la bomba, un atasco en la red o una tormenta intensa para que, por pura gravedad, el contenido del alcantarillado busque la salida más baja, es decir: los inodoros y desagües de esas “algunas casas”.
El impacto sanitario, económico y patrimonial de una vivienda inundada por aguas fecales es indescriptible. Y, sin embargo, la administración avanza como si nada.
Negligencia técnica y responsabilidad política
¿Cómo puede una empresa de ingeniería firmar un proyecto sin calcular las estaciones de bombeo necesarias? ¿Cómo puede la Junta defender un documento que no tiene este dato? ¿Cómo puede el Ayuntamiento plantear la aprobación de una derrama sin conocer el impacto real sobre los contribuyentes?
La respuesta es tan simple como preocupante: no se ha hecho el trabajo mínimo obligatorio.
La realidad —que es evidente para cualquiera que conozca el terreno, aunque ellos prefieran mirar hacia otro lado— es que no se trata de una o dos casas. Podrían ser decenas.
Decenas de familias que desconocen que su futuro implica depender de una bomba eléctrica para poder ducharse o tirar de la cadena. Que la memoria técnica no cuantifique a los afectados no es solo un error: es una imprudencia profesional que podría tener recorrido legal.
Intentar aprobar un proyecto de esta magnitud con tal nivel de incertidumbre no es gestión pública: es jugar a la ruleta rusa con el patrimonio de los vecinos.
Exijamos rigor antes de exigir dinero
Antes de pedir 12 millones de euros a los vecinos, exigimos algo muy básico: un estudio topográfico real, vivienda por vivienda.
Porque si el Ayuntamiento y la Junta pretenden que los vecinos firmen un cheque en blanco sin saber si su casa acabará inundada, entonces han elegido el camino equivocado.
La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Pero la ignorancia deliberada en un proyecto millonario tiene un nombre muy claro: responsabilidad patrimonial.
Y llegado el momento, si no hay una rectificación, cancelación de las cuotas, parada y revisión del proyecto, la exigiremos por otros medios que podrían tener un mayor impacto, sobre todo mediático. La Plataforma de Afectados por el Proyecto de Urbanización de Corbera de Llobregat seguro que podría despertar muchas opiniones sobre cómo se está gestionando todo esto.
María José, una vecina afectada.
Diciembre 2025