Por qué Santa Maria de l'Avall está a las puertas de un conflicto institucional sin precedentes
En cualquier municipio democrático, la legitimidad de una decisión no se mide solo por su legalidad formal, sino por el nivel de participación, transparencia y consenso que la sostiene. Por eso, lo ocurrido con el proyecto de urbanización de Santa Maria de l'Avall es mucho más que un conflicto vecinal: es un síntoma grave de cómo una comunidad entera puede quedar atrapada por decisiones tomadas sin respaldo real.
Costes desorbitados y baja participación
La Junta de Delegados ha impulsado una obra valorada en más de 12 millones de euros. Las cifras que pueden alterar la vida de cientos de familias son alarmantes:
- Coste anunciado de hasta 28.500 € por parcela.
- Costes obligatorios adicionales dentro de cada propiedad (desconexión y clausura de fosa, excavaciones internas, adecuación de instalaciones).
- Sistemas de bombeo privado que generan gastos recurrentes de por vida.
- En numerosas viviendas, estos costes añadidos pueden superar los 10.000 € adicionales.
Y, sin embargo, la asamblea que debía validar este giro histórico no alcanzó ni el quórum, ni la representatividad, ni las garantías mínimas de participación. Apenas unas decenas de personas —muchas delegando voto entre conocidos— acabaron avalando un proyecto de un impacto económico, social y territorial sin precedentes.
La pregunta es inevitable: ¿Puede considerarse legítima una decisión de este calibre cuando la mayoría de vecinos no estuvo presente, no fue informada o desconocía el alcance real del proyecto?
Decisiones de minorías, consecuencias para todos
No estamos ante una obra rutinaria. Es un proyecto que:
- Endeuda de facto a toda una comunidad.
- Incrementará significativamente la presión fiscal.
- Puede derivar en embargos o incluso expropiaciones por impago.
- Exige obras privadas dentro de cada parcela.
- Obliga a instalar bombeos en decenas de viviendas situadas por debajo del colector.
- Alterará durante años la movilidad, la seguridad y la vida cotidiana del vecindario.
Todo ello sin procesos participativos reales, sin auditoría independiente y sin que los vecinos hayan tenido acceso a alternativas técnicas o estudios comparativos. En términos estrictamente democráticos, la obra carece del consentimiento informado de la comunidad. Y cuando las instituciones locales pierden el vínculo con quienes deberían representar, aparece el conflicto político.
Una Junta que legisla sin contrapesos
La Junta de Delegados ha actuado, en la práctica, como un poder ejecutivo sin control ciudadano. El proyecto es complejo, masivo y afecta a derechos fundamentales como la propiedad, la capacidad de pago y la movilidad. Sin embargo:
- ❌ No se ha convocado una asamblea extraordinaria monográfica.
- ❌ No se ha explicado el presupuesto en lenguaje accesible.
- ❌ No se han permitido expertos independientes.
- ❌ No se ha garantizado transparencia financiera.
- ❌ No se han divulgado alternativas ni escenarios comparados.
En cualquier administración pública, esto sería inadmisible. Aquí, sin embargo, se ha normalizado. La falta de contrapesos democráticos no es un detalle técnico: es el corazón del problema.
Un proyecto gigantesco sin mecanismos de control público
Más de doce millones de euros no pueden gestionarse como si fuesen el presupuesto de una comunidad de propietarios. Un presupuesto propio de una ciudad mediana, no de una urbanización de 437 parcelas. En cualquier ayuntamiento, un gasto de esta magnitud activaría:
- Auditorías independientes.
- Estudios comparativos de alternativas.
- Análisis de eficiencia y sostenibilidad.
- Mecanismos de seguimiento público y evaluación financiera externa.
En Santa Maria de l'Avall, nada de esto existe. La Junta es promotora, evaluadora y defensora del proyecto simultáneamente. Un triple rol incompatible con la transparencia.
CONCLUSIÓN: La gran pregunta política
¿Puede un proyecto de más de 12 millones seguir adelante si no ha sido refrendado por una mayoría inequívoca de vecinos? La respuesta no es jurídica: es política.
Joan R.
Vecino de Santa Maria de l'Avall
24 de noviembre de 2025