En Santa Maria de l'Avall hace tiempo que algo se ha roto. Detrás de los pinos, donde antes solo se escuchaban grillos y conversaciones tranquilas, hoy resuenan susurros tensos, discusiones entre quienes pueden permitirse la derrama y quienes temen no sobrevivirla, y el silencio inquieto de las familias mayores, que aún no alcanzan a comprender la magnitud de lo que se les viene encima.
Porque lo verdaderamente importante no es esta obra desmesurada, sino cómo afectará a todos los hogares en general y, muy especialmente, a los vecinos más vulnerables, que podrían perderlo todo sin haber entendido siquiera por qué.
Todo empezó con el proyecto de alcantarillado. Nos dijeron que era una mejora necesaria, y todos confiamos de buena fe. Pero lo que debía haber sido solo una mejora razonable sobre el papel se ha convertido, sobre el terreno, en una obra faraónica de más de 13 millones de euros. Y eso es solo la primera capa. Luego viene lo que cada familia está obligada a hacer dentro de su parcela: romper jardines, perforar muros, rehacer bajantes, instalar bombas… En total, más de 40.000 euros por vecino.
Para unos pocos privilegiados no es más que dinero; para la mayoría, es el riesgo de una ruina económica que puede acabar en deudas, impagos o incluso en la pérdida de su casa.
Lo más duro de todo esto es que la mayoría ni siquiera votó. Y el acta de votación que lo hizo posible tampoco resiste demasiada luz. Setenta y siete manos decidieron por más de trescientas familias. Muchos vecinos ni siquiera sabían que esa votación existía, porque nadie la anunció con el preaviso debido. Y aun así, la decisión se impuso como si representara a todos.
Las famosas “cuotas ahorro”, que ahora suenan a algo inocente, disfrazadas de trámite rutinario, son en realidad el primer aviso de que la cuenta atrás ha comenzado: una obligación encubierta para empezar a pagar un proyecto impuesto sin la mayoría necesaria. Aun así, la maquinaria administrativa sigue avanzando como si el consenso fuera sólido y la decisión, incuestionable.
Pero lo que de verdad asusta es esto:
En caso de impago, pueden venir recargos, embargos e incluso expropiaciones. Sí, has leído bien. Si no puedes pagar, podrías perder tu casa. Es lo que dice el propio comunicado oficial de la Junta.
Mientras tanto, las calles del barrio siguen con baches, sin aceras seguras y sin luz suficiente. Llevan años así. El Ayuntamiento no ha tenido prisa para eso… pero sí la tiene para que financiemos, entre todos, un proyecto multimillonario que la mayoría ni entiende ni puede asumir.
La dejadez del consistorio no solo ha dejado grietas en el asfalto, sino también en la convivencia. Su abandono urbanístico, acumulado durante años, ha traído consigo ocupaciones ilegales, sensación de inseguridad y pérdida de valor patrimonial en una zona que, no hace tanto, se describía como “un rincón bonito, tranquilo y familiar”.
Pero lo más inquietante no es el abandono, sino la falta de tutela en un proyecto que pedía un mediador, no un espectador. El Ayuntamiento no solo ha renunciado a ese papel, sino que ha dejado a los vecinos a merced de una Junta con la que parece caminar en sintonía desde el principio, como si el resultado hubiera estado decidido antes de escucharnos.
Y entonces llega la pregunta que nadie quiere hacerse, pero todos pensamos: ¿Cómo hemos permitido que una minoría decida algo tan grande por todos?
Esto no va de política. No va de bandos. Va de algo mucho más sencillo: que las familias de Santa Maria de l'Avall —jubilados, trabajadores, padres, madres— puedan seguir viviendo en su casa sin miedo a perderla por una derrama imposible.
Por eso es tan importante informarse, participar, hacer oír nuestra voz. No estamos en contra de mejorar el barrio. Estamos en contra de hacerlo sin consenso, sin transparencia y a costa de que muchos no puedan seguir viviendo aquí.
En la web vecinal —santamariadelavall.com— una frase resume todo lo que sentimos: “Un proyecto justo empieza por la verdad.”
Y la verdad es esta:
No queremos dejar de ser vecinos.
No queremos que nadie se quede fuera por no poder pagar.
Queremos decisiones claras, votaciones legales y alternativas reales.
Porque Santa Maria de l'Avall no es una obra: es nuestra casa.
Y las casas, igual que la dignidad, no se tiran abajo con una zanja.