La Generalitat acaba de anunciar un cambio legal histórico para facilitar la legalización de urbanizaciones como Santa Maria de l'Avall. Mientras esto se negociaba en los despachos, a los vecinos se nos intentaba imponer a toda prisa un proyecto ruinoso. La pregunta es obligada: ¿Por qué nos mintieron por omisión?

Hace apenas unos días, la prensa se hacía eco de una noticia que cambia radicalmente el tablero de juego para nuestra urbanización: el Govern impulsará un cambio legal para flexibilizar las exigencias a los Ayuntamientos a la hora de legalizar urbanizaciones. Puedes leer la noticia completa en El Periódico (o descargarla en PDF aquí si te aparece de pago).

En la práctica, esto significa que la Generalitat reconoce por fin que no se pueden exigir los mismos servicios ni el mismo modelo urbanístico (Passeig de Gràcia) a una urbanización rodeada de bosque. Se abren vías para soluciones más lógicas, sostenibles y, sobre todo, infinitamente más económicas para los vecinos. Pero la verdadera "bomba" no es la noticia en sí, sino lo que hay detrás.

El silencio cómplice del Ayuntamiento

Un cambio legislativo de este calibre no se improvisa en un fin de semana. Requiere meses, e incluso años, de negociaciones previas entre la Generalitat y los ayuntamientos afectados, incluido el nuestro.

Es decir: el Ayuntamiento de Corbera sabía perfectamente que esta vía estaba abierta y en proceso de negociación.

Sin embargo, retrocedamos a la pasada asamblea extraordinaria. En aquel momento de máxima tensión, con los vecinos angustiados debatiendo cómo hacer frente a un proyecto desproporcionado de 13 millones de euros, nadie del Ayuntamiento abrió la boca para informarnos de esta tabla de salvación.

Sabiendo que la ley iba a cambiar a nuestro favor, la obligación moral, ética y política del consistorio era aplicar una moratoria inmediata al proyecto de los 13M€ y avisar a los vecinos. En lugar de eso, optaron por el silencio, empujándonos hacia un abismo financiero inasumible. ¿A quién beneficia esa ocultación? Desde luego, a los vecinos no.

¿Y dónde queda nuestra Junta de Delegados?

Tras la incontestable mayoría absoluta de los vecinos rechazando el proyecto oficial, esperábamos que la Junta de Delegados tomara nota, hiciera tabla rasa y comenzara a explorar estas nuevas vías (como las biodepuradoras y las nuevas facilidades del Govern).

Para sorpresa y perplejidad de muchos, en las reuniones de seguimiento parece que se sigue intentando reanimar el proyecto zombi de los 13 millones, ignorando el mandato claro de las urnas e ignorando este nuevo escenario legal que tanto nos favorece.

Es hora de exigir responsabilidades

Ocultar a una urbanización entera que se está gestando un salvavidas legal para intentar colarles una factura multimillonaria es, como mínimo, una deslealtad histórica hacia Santa Maria de l'Avall. No podemos permitir que nos sigan tratando como ciudadanos de segunda ni como un simple cajero automático.

  1. Exigimos la paralización definitiva de cualquier trámite relacionado con el proyecto de 13M€.
  2. Exigimos transparencia total sobre las comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Generalitat respecto a esta nueva ley.
  3. Exigimos que la Junta acate lo votado y defienda los intereses económicos de los vecinos, no las agendas ocultas del consistorio.

Si la actual Junta no se ve capaz de plantar cara ante esta deslealtad y liderar este nuevo escenario que se nos abre, quizá sea el momento de dar paso a representantes que sí lo hagan.