Cuando llegué a Santa Maria de l'Avall hace unos años, mi visión de la obligación de servicio público que tienen los Ayuntamientos era diametralmente opuesta a la que intuí entre mis nuevos vecinos.

Con el tiempo he entendido que, a fuerza de —al contrario de los habitantes de las Corberas Alta y Baja— pagarse de su bolsillo cada servicio, cada mejora, cada mantenimiento y cada obra, hemos aceptado vivir en un estatus de autogestión. Nos hemos habituado a un vecindario autónomo, separado del latido vital del pueblo, donde a menudo la única relación con las instituciones de Corbera es el recibo del IBI. El Ayuntamiento es un ente lejano, con un único propósito: la recaudación.

Vivimos hoy en un sistema perverso donde el Ayuntamiento solo se comunica con la Junta de Delegados, que es un ente puramente administrativo que representa propiedades y no personas. Como hemos comprobado a lo largo de los años, es un sistema oligárquico, donde quien más propiedades tiene, más influencia y poder tiene, y puede llegar a aprobar proyectos considerando más el beneficio económico (convertir las parcelas en terrenos aptos para la construcción) que el beneficio personal o de convivencia.

El ejemplo es esta Junta de Delegados que nos escupe a la cara un “esto no lo pararéis”, amparados en unas votaciones de dudosa credibilidad, donde 76 propietarios asistentes a la última junta deciden el futuro de todos los habitantes de Santa Maria (incluidos aquellos que, a estas alturas, no se han enterado de que tendrán que pagar más de 30.000 € —más las obras interiores— por una obra a la que ninguna Ley nos obliga).

Una oligarquía que hoy, durante el periodo en que somos Junta de Compensación, tiene una capacidad de decisión enorme, pero que cuando todas las fincas estén vendidas serán un vecino más. O quizás ni serán vecinos: quizás solo decidirán nuestro futuro, se lo venderán todo y se marcharán de Santa Maria.

En una Junta de Compensación, el Ayuntamiento es el ente de tutela. Por tanto, no puedo dejar de preguntarme por qué razón la Alcaldesa Boladeras permite a la Junta de Delegados aprobar esta obra —que ya se ha visto que presenta unos sobrecostes altísimos en algunas partidas— y que dejará a los vecinos en una situación de indefensión jurídica frente a las empresas adjudicatarias.

Cuando se hizo el alcantarillado en Can Rigol, el Ayuntamiento fue el garante jurídico de la operación. Los vecinos pagaron la obra, pero fue el Ayuntamiento de Corbera quien supervisó el proyecto, lo visó y sacó a licitación la obra como una obra pública, garantizando el cumplimiento del contrato por parte de la empresa constructora. El Ayuntamiento fue, de verdad, un ente de tutela.

En Santa Maria no se nos ha ocurrido pedir esta protección. Y el Ayuntamiento —poniéndose de perfil— no lo ha ofrecido. A esta Junta de Delegados le viene muy bien al PSC: no piden nada, no les ponen problemas, no les hacen trabajar.

Estos días he estado pensando que, si tenemos un Ayuntamiento que no nos representa, ¿cuántos votos harían falta para poner a otro grupo al frente del Ayuntamiento en las Elecciones de 2027? Y me sorprendí: el PSC tiene 8 concejales, que ha conseguido con 2.026 votos... que son unos 1.300 votos más que la segunda fuerza política. No son muchos. Es otra oligarquía.

Dos oligarquías que se comunican entre ellas. Ignorando a los vecinos.

Ahora es más importante que nunca hacer entender a todos los propietarios de Santa Maria lo que se juegan en la próxima Junta y la necesidad de venir y ejercer el voto. Aquí cada metro cuadrado te da poder de decantar la balanza hacia el lado de la justicia.

Pero también es más importante que nunca ser conscientes de que tenemos otra fuerza: tenemos en cada casa de cada urbanización de Corbera una media de 3 votos electorales que, concentrados en una única fuerza política, decantarían la balanza hacia el camino de un nuevo Gobierno en el Consistorio que no sea cómplice de ninguna oligarquía. Que hable a los vecinos a la cara y los escuche.

100 votos por 15 urbanizaciones (las no recepcionadas) son 3.000 votos. No es ninguna broma. Pensémoslo.

Jorge Marín
Santa Maria de l'Avall, 18 de noviembre de 2025

100 votos por 15 urbanizaciones (las no recepcionadas) son 3.000 votos. No es ninguna broma. Pensémoslo.